Chilpancingo, Gro.- Conchita tenía 12 años cuando salió de su pueblo para huir de la tradición por la que las mujeres son entregadas en matrimonio.
A su corta edad, Conchita veía cómo vivían sus hermanas, sus primas, sus amigas de la infancia, y decidió que no quería repetir esas historias, tan comunes en Santa Cruz, municipio de Copanatoyac, en La Montaña de Guerrero.
Iban a casarla con Jorge, un señor que estaba de paso por la zona, donde la empresa para la que trabajaba construía un camino.
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Don Jorge la visitaba en su casa, y la mamá de la menor le pedía que se arreglara cuando estaba por anochecer. El hombre platicaba con la adolescente, pero no se mostraba interesada. Le decía que conocía la ciudad, donde las mujeres tienen muchas opciones de tiendas para comprar ropa y zapatos.
Un día Conchita escuchó que su papá y Jorge arreglaban su matrimonio. Le lloró a su mamá y le pidió ayuda para irse del pueblo, y como pudo salió huyendo del destino que muchas niñas tienen.
Llegó a Chilpancingo y buscó trabajo. La contrató una comerciante de un mercado que necesitaba quién le ayudara a cuidar a su bebé mientras atendía a los clientes. Por las tardes, Conchita estudió su bachillerato y luego concluyó la licenciatura en Enfermería.
Hoy visita a su familia, pero siente tristeza porque su padre aún no le perdona haberlo avergonzado al no cumplir con el trato que había asumido con Jorge.
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La historia de Conchita es la de muchas niñas de varias comunidades indígenas de la región de La Montaña.
La venta de niñas es una práctica que fue nuevamente visibilizada luego de que medios de comunicación dieron a conocer que una mujer perdió a sus trillizos tras ser agredida por un policía comunitario, cuando le llevó de comer a sus hijas y a su madre, quienes habían sido detenidas.
La detención fue a petición del suegro de Angélica, una niña de 15 años que había sido vendida y entregada en matrimonio a los 13 años en la comunidad de Dos Ríos, en Cochoapa el Grande, municipio de La Montaña.
El esposo de la menor se fue a trabajar a Estados Unidos y la niña se quedó en casa de sus suegros. Sin embargo, el suegro intentó violarla por cuarta ocasión y ella no lo permitió y escapó, por lo que el señor denunció que la menor no le obedecía y que la regresaría, pero pedía que le pagaran más de 200 mil pesos por lo que había dado de “dote”. La familia le dijo que no tenía dinero y por eso fueron encarceladas tres menores y la abuela.
Este hecho atrajo la atención de los medios y se dio a conocer a nivel nacional.
Se imparten cursos de capacitación y talleres de concientización, según la secretaria de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, Reyna Mejía Morales, quien reconoció que no será suficiente, “pero por algo se debe empezar”.
Tras declarar “nunca más la venta de niñas en Guerrero”, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda anunció que solicitará el apoyo de ONU-Mujeres para trazar una estrategia que permita avanzar en el combate a ese tipo de violencia.
La semana pasada en una visita a Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó la problemática al considerar que la venta de menores es una excepción porque las comunidades tienen muchos valores.
“No es motivo para cuestionar a nadie”, declaró recientemente en una de sus mañaneras.
Marina Reyna Aguilar, directora de la asociación Contra la violencia hacia las mujeres, lamentó que las cifras oficiales no reflejen en nada la realidad que viven las niñas de comunidades indígenas que siguen siendo víctimas de la trata de personas, porque es un delito y debe ser castigado.
De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, desde 2016, cuando se genera la primera alerta de género, en la fiscalía estatal se abrieron 4 carpetas de investigación; en 2017 fueron 3, en 2018 fueron 11; en 2019 fueron 19; en 2020 fueron 17, y en lo que va de 2021 van 4.
Reyna Aguilar explicó que para algunas comunidades indígenas sí es justificable, como parte de sus usos y costumbres, la venta de niñas y mujeres “aunque en realidad es un delito”.
Apuntó que no son denunciados esos hechos “porque es algo a lo que están habituados” los indígenas.
La activista sostuvo que en Guerrero “sabemos que eso es real, pero que no se denuncia y quiere decir que se sigue dando una violación constante a los derechos humanos”.
Recordó que autoridades de los 3 niveles de gobierno realizan actividades y estrategias bajo la coordinación de la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, así como de la fiscalía local, “pero evidentemente no ha habido los resultados deseados y la trata de personas se sigue dando”.
Por lo menos 300 mil niñas han sido vendidas y entregadas en matrimonio en Guerrero, de acuerdo con Martha Givaudan, presidenta de la organización “Yo quiero yo puedo”, con oficinas en Metlatónoc, otro municipio indígena de La Montaña.
Aunque aceptó que no hay cifras exactas, porque la mayoría de esos arreglos matrimoniales no se registran, sobre todo porque están prohibidos los matrimonios con menores de edad desde 2019.
Para la presidenta de la comisión de Igualdad del Congreso local, Gabriela Bernal Reséndiz, es lamentable que el presidente López Obrador minimice la venta de niñas, y consideró que “no lo han informado bien de lo que en realidad sucede”.
Reconoció que es constante la violación a los derechos fundamentales de las niñas de algunas comunidades indígenas en La Montaña.
Reconoció la declaración de la gobernadora Salgado Pineda:
“Esa postura nos da gusto y habremos de esperar que se realicen acciones inmediatas en ese sentido, también es necesario impulsar desde el Congreso leyes que garanticen la protección de nuestras niñas y que se castigue a quienes fomentan la trata de personas, la trata de niñas”.
Bernal aseguró que desde el Congreso local se exigirá a las autoridades competentes que se haga valer la ley, “que la apliquen en esos delitos tan graves como lo es la trata de personas”.
