Cinco años después del desalojo de la denominada Jungla de Calais, el campo que llegó a albergar a cerca de 10.000 personas en el norte de Francia, la situación no ha mejorado y miles de personas siguen malviviendo en asentamientos informales en varias zonas de este municipio ante el constante hostigamiento y maltrato de las fuerzas policiales francesas.
El informe Miseria forzosa: El trato degradante de los niños, niñas y adultos migrantes en el norte de Francia, recientemente publicado por Human Rights Watch (HRW), señala que las autoridades francesas someten regularmente a las personas adultas y menores de edad que viven en los alrededores de Calais a un trato degradante. Desde el desalojo en octubre de 2016, la consigna del Gobierno francés es evitar que se repitan las imágenes de un asentamiento estable de personas cuyo sueño es cruzar a Reino Unido y, para ello, la policía confisca y destruye los hogares temporales creados con tiendas de campaña y lonas. Esta constante humillación, que a veces incluye la sustracción de objetos personales como teléfonos o documentación que se encuentran dentro de las tiendas y sacos de dormir, obliga a los afectados a estar en constante alerta.
El informe de HRW se basa en la labor diaria de organizaciones que trabajan en el norte de Francia, como el caso de Human Rights Observers (HRO), un proyecto de L’Auberge des Migrants encargado de documentar y denunciar las expulsiones que se producen casi a diario tanto en Calais como en Grande-Synthe, otro campo cercano a la ciudad de Dunkerque. Solo en los tres meses de verano de 2021, HRO documentó 287 desalojos y la confiscación de 1.169 tiendas, 972 lonas y 196 mochilas, además de excesos policiales como el uso de gases lacrimógenos contra las personas migrantes.
Las vallas, muros y concertinas que dibujan el paisaje de Calais no impiden que miles de personas sigan intentando cruzar cada año, ya sea a través de precarias embarcaciones en una peligrosa travesía o mediante los camiones que cruzan cada día hacia Gran Bretaña en ferry o por el Eurotúnel. La mayoría de quienes llegan a Calais y que arriesgan su vida para reunirse con sus familiares o redes de apoyo que están en territorio británico proceden de Sudán, y en menor medida de la vecina Eritrea. La colonización y la globalización explican que muchas de las personas que intentan cruzar dominen el inglés, un factor muy importante a la hora de empezar una nueva vida en un país seguro.
En las últimas semanas se han producido grandes expulsiones en las que el Estado francés no solo confisca y destruye los asentamientos, sino que obliga a estos exiliados a montar en autobuses para enviarles, contra su voluntad, a centros de acogida temporal en otros puntos de Francia. El objetivo de esta ineficiente medida es alejarlos de la frontera, aunque la mayoría vuelve, ya que solamente pueden pasar unos días en los centros y su objetivo es llegar a Reino Unido.
La organización Utopia 56 publicó este vídeo de la destrucción del campo en Grande-Synthe el pasado 23 de septiembre. Poco después, el 28 de septiembre, un joven sudanés llamado Yasser falleció en su intento de subir a un camión para cruzar la frontera. Ese mismo día la policía desalojó la zona cercana al hospital de Calais, y al día siguiente las autoridades locales impusieron nuevas restricciones en esa zona –hasta ese momento, la más poblada en Calais– que en la práctica impiden operar a las organizaciones que reparten comida, agua, ropa o que ofrecen conexión WiFi y cargas de teléfono.
La escalada de violencia y represión estatal llevó a los voluntarios Anaïs Vogel y Ludovic Holbein, de la asociación Shanti, junto al capellán père Philippe Demeestère, de Secours Catholique (Cáritas Francia) a iniciar una huelga de hambre en la iglesia St. Pierre de Calais, que comenzó el 11 de octubre con tres reivindicaciones: primero, que se dejaran de realizar los desalojos durante el frío invierno. Segundo, durante el mismo período, poner fin a la confiscación de objetos personales; y tercero, pedir el inicio de un diálogo razonado entre las ONG y el Estado relativo a la apertura y ubicación de puntos de distribución de todos los bienes necesarios para el mantenimiento de la salud de las personas exiliadas. Su petición virtual ya ha superado las 50.000 firmas y sus reivindicaciones y la evolución de la huelga de hambre pueden seguirse a través de su activa cuenta de Instagram @faimauxfrontieres.
El pasado 25 de octubre Emmanuel Macron fue interpelado por una ciudadana en su visita a la localidad de Montbrison, a propósito de la huelga de hambre. Macron mostró interés y ofreció su disposición a enviar a algún miembro de su Gobierno a Calais. El elegido fue Didier Leschi, presidente de la Oficina francesa de inmigración e integración (OFII). Su propuesta de dar 45 minutos de margen a las personas desplazadas para recoger sus pertenencias antes de las expulsiones rutinarias no ha satisfecho ni a los huelguistas ni a las asociaciones, ya que significa que las expulsiones no van a cesar.
Las asociaciones humanitarias presentes en Calais han sido testigo de cómo las expulsiones continúan en el mes de noviembre. El día 4, père Philippe, de 72 años, anunció que ponía fin a la huelga tras 25 días sin alimentarse. Philippe seguirá su defensa de los derechos de las personas desplazadas en Calais por otros medios, como la preparación de dispositivos de acogida para la temporada de frío. Ese mismo día, miembros de asociaciones, activistas locales y personas exiliadas se unieron para desayunar y formar una cadena humana que evitó un nuevo desalojo de un campo. Esta pequeña victoria no evitó que, en un nuevo intento de evitar un desalojo, la policía utilizara gases lacrimógenos para proceder a vaciar el mismo campo tres días después. Mientras las expulsiones y la violencia policial no cesan, Anaïs y Ludovic continúan su huelga de hambre en la iglesia St. Pierre de Calais.
La situación en Calais puede agravarse si las organizaciones no gubernamentales, gravemente afectadas por la pandemia, reducen sus servicios o no consiguen salir adelante. Para hacer frente a la inestabilidad financiera que caracteriza a estos proyectos que sobreviven gracias a personas voluntarias, y tras el anuncio de la retirada de Calais del principal donante procedente de Reino Unido, varias organizaciones que trabajan en Calais y Grande-Synthe han unido fuerzas para dar a conocer sus proyectos y recaudar fondos que les permitan seguir operando mientras su labor siga siendo necesaria en el norte de Francia.
