- Jose Luis de Haro
El arranque del nuevo año se promete revuelto para la Administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Con las presiones inflacionarias elevando la temperatura de los precios a niveles no vistos en casi cuatro décadas y la Reserva Federal lista esta semana para acelerar la retirada de los estímulos monetarios, los recursos fiscales se prometen como el último recurso para seguir avalando el consumo.
Sin embargo, después de haber acolchado la economía con más de 6,9 billones de dólares en estímulos para enfrentar la pandemia, existe reticencia, incluso entre los propios demócratas, para implantar la ambiciosa agenda de Biden. Su conocido como Build Back Better (Reconstruir Mejor) se encuentra en estos momentos en manos de la Cámara Alta, donde senadores demócratas como Joe Manchin (Virginia Occidental) y Kyrsten Sinema (Arizona) siguen reservándose su derecho de no apoyar un proyecto de ley de otros 1,85 billones de dólares más. En estos momentos, desde Citi, reconocen que existe alrededor de un 40% de probabilidades de que el plan acabe por morder el polvo.
Condiciones más duras
Ahora bien, en un año con elecciones legislativas en el horizonte, un endurecimiento de las condiciones financieras (el mercado descuenta ya hasta tres subidas de tasas este año) en ciernes y las brasas inflacionarias lejos de apagarse, muchos estadounidenses sufrirán el próximo enero un duro golpe. Para entonces, alrededor de 35 millones de familias estadounidenses podrían dejar de recibir los pagos mensuales de la desgravación fiscal por hijo.
El crédito fiscal por hijos ampliado, como parte de los estímulos activados al hilo del revés ejercido por el Covid-19, dio a los padres la opción de recibirlo en pagos mensuales en lugar de esperar a realizar su declaración impuestos para reclamar estos fondos. También aumentó el crédito fiscal máximo por hijo de 2.000 a 3.600 para el año fiscal 2021. Estos cambios han marcado una gran diferencia para las familias estadounidenses durante la pandemia.
Fundamentalmente han permitido una previsibilidad y estabilidad crucial, ya que las familias han recibido hasta 300 dólares al mes por cada niño menor de seis años o 250 dólares al mes por cada menor de entre 6 a 17 años. Los pagos comenzaron en julio, lo que significa que algunas familias se habrán embolsado este año 1.800 dólares más por cada niño que cumpla los requisitos. La propia secretaria del Tesoro, Janet Yellen, aseguró durante una reciente audiencia celebrada la semana pasada que la ampliación de la desgravación fiscal por hijos ha aportado unos 77.000 millones de dólares a los bolsillos de las familias, ayudando hasta ahora a 61 millones de niños estadounidenses.
La gran mayoría de las familias con ingresos inferiores a 35.000 dólares gasta una parte o la totalidad de los pagos mensuales relacionados con este crédito fiscal ampliado en necesidades básicas -vivienda, alimentos, ropa y servicios públicos- y en educación, según el Centro para Prioridades de Política y Presupuesto (CBPP), por su siglas en inglés). Una parte considerable de los hogares estadounidenses con ingresos superiores a 35.000 dólares también emplea esta paga mensual en necesidades.
Sin una prórroga, el crédito fiscal volvería a ser de 2.000 dólares por hijo, y los estadounidenses tendrían que esperar hasta la temporada de presentación de su declaración de impuestos a mediados de abril para reclamarlo. Para evitar esta situación, los legisladores demócratas tienes hasta el próximo 15 de enero para actuar.
El proyecto de ley Build Back Better, que los demócratas buscan aprobar a través de la reconciliación de presupuesto sin el apoyo republicano, de ahí que ningún miembro de su bancada en el Senado pueda oponerse al plan, extendería la versión más amplia del crédito para la mayoría de las familias durante otro año, asegurando estos pagos hasta las legislativas del próximo noviembre. Además, el crédito ampliado se convertiría en permanente para las familias con pocos o ningún ingreso.
Pero más allá de este crédito fiscal, a finales de diciembre, expira la moratoria temporal del gobierno sobre los pagos de los préstamos estudiantiles federales, lo que significa que estos volverán a acumular intereses y los prestatarios deberán reanudar los pagos mensuales. Un análisis del Instituto Roosevelt, un think tank sin ánimo de lucro, estima que la reanudación de los pagos de los préstamos estudiantiles restaría 85.000 millones de dólares al año de los presupuestos familiares de unos 18 millones de estadounidenses.
