El hallazgo del cuerpo del niño Tadeo en un basurero del penal de San Miguel -donde también se localizaron cinco cadáveres de adultos- puso en aprietos al gobierno encabezado por el morenista Miguel Barbosa Huerta. Al principio el mandatario guardó silencio, luego hizo algunos cambios y finalmente arremetió contra informadores y activistas que reclaman una investigación sobre el modus operandi de las redes de macrociminalidad que actúan en el corredor de CDMX-Puebla.
Gabriela Hernández
El lunes 24, cuando el gobierno estatal informó sobre la aprehensión de 21 personas, entre directivos, mandos y custodios del penal de San Miguel, por el hallazgo del cadáver del bebé Tadeo, omitió revelar otro descubrimiento en ese lugar: cinco cuerpos mutilados y con huellas de torturas extremas fueron encontrados en una barranca que es usada como desagüe del centro penitenciario.
En plena crisis -generada por las circunstancias en que el cuerpo del bebé de sólo tres meses, exhumado de un panteón de Iztapalapa y después encontrado en un basurero del penal-, el caso de los ejecutados fue acallado por el gobierno de Miguel Barbosa Huerta.
Pero el miércoles 26, el portal digital econsulta publicó más detalles. Entre las 17:00 y las 19:00 horas del lunes 24, cuatro policías estatales, empleados de la Secretaría de Gobernación y los miembros de Protección Civil del estado y el municipio ayudaron a levantar las partes desmembradas de cinco personas de sexo masculino, cuyas edades oscilaban entre 30 y 35 años.
De acuerdo con la información, los restos fueron colocados en bolsas que policías ministeriales se llevaron en dos camionetas Suburban sin logotipos. El gobernador Barbosa Huerta, de Morena, guardó silencio y, contrario a su costumbre, no desmintió ni objetó la información. Sin embargo, ningún otro medio la reprodujo.
Rodolfo Ruiz, director de e-consulta, comenta a Proceso que los ministeriales y personal de Protección Civil que participaron en el levantamiento de esos restos fueron amenazados para que mantuvieran el caso en total secrecía.
Pero como ocurrió en el caso del bebé Tadeo, el gobierno estatal pudo silenciar los hechos sólo unos días, aunque hasta el viernes 28 por la noche, al cierre de edición, no había emitido su versión oficial sobre el hallazgo de los cinco cuerpos. Y la mayoría de las preguntas en torno al caso del bebé Tadeo seguían sin respuesta.
Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, considera que lo ocurrido con el menor desnuda "de nueva cuenta" la fragilidad del Estado mexicano para garantizar la vida, la integridad y la justicia, y en particular, para velar por el interés superior de la niñez.
Este acto de barbarie, agrega, es una expresión del contexto de guerra que vive el país desde hace más de 10 años, generada por las redes de macrocríminalidad que tienen capturado al Estado y a sus instituciones por el dinero que genera; los reclusorios, puntualiza, son uno más de los territorios bajo su control.
Para el especialista, más allá de que se resuelva en qué o para qué fue usado el cuerpo de Tadeo, el reclamo social y de medios de comunicación debe enfocarse hacia una responsabilidad estructural y Ta actuación por parte del Estado mexicano.
"Si lo usaron para introducir droga, para un rito satánico o para vengarse de las autoridades, eso no cambia que el tema es el derecho de ese niño a la dignidad y la justicia, y el de su familia a la reparación del daño", recalca.
Como evidencia de la propia crisis de Estado, considera la reacción que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien revictimizó a Tadeo, al usar este caso para reiterar sus filias y fobias ideológicas.
Pérez García considera que los gobiernos de Puebla y de la Ciudad de México se muestran más proclives a recurrir a un acuerdo político para "lavarse las manos", por lo que recomienda a la Fiscalía General de la República y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) atraer las investigaciones.
Agrega que la amenaza vertida por Barbosa contra las ONG no es ingenua, pues esto ha sido una práctica de los gobiernos de Puebla ligados a las redes de macrocriminalidad desde Mario Marín, Rafael Moreno Valle; el de Barbosa, insiste, no es la excepción.
"Las redes de macrocriminalidad en Puebla no han cambiado. Cambia el color del partido, los rostros, pero las mismas redes siguen vigentes y fuertes", sostiene.
Barbosa y la crisis
Fue precisamente e-consulta el medio que desde el martes 11 publicó la primera nota sobre la localización del cadáver del menor. Una fotografía fue entregada a ese medio con la explicación de que un reo, que recolectaba material reciclable, encontró el pequeño cuerpo en los basureros del reclusorio. En la imagen no se aprecian señales de descomposición. El bebé vestía ropa y un gorro tejido.
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La información tuvo resonancia nacional en los siguientes días, sobre todo cuando se dio a conocer que el pequeño Tadeo presentaba una incisión de cirugía en el abdomen.
La activista Saskia Niño de Rivera, cofundadora de la organización Reinserta, junto a otras agrupaciones civiles, lanzó una campaña en las redes sociales, haciendo todas las preguntas sobre lo que había ocurrido con este bebé y su identidad.
Tras el revuelo que tuvo el caso, la CNDH anunció el viernes 14 que atraerla las investigaciones, pero el ombudsman estatal, Félix Cerezo, le pidió abstenerse y no invadir su competencia. La titular del órgano nacional, Rosario Piedra Ibarra, se retractó de inmediato.
El viernes 21 Barbosa Huerta reaccionó molesto a las demandas de justicia e información que sobre el caso estaban generando las organizaciones. Acusó que había periodistas y activistas que divulgaban información sin sustento sólo para desgastar y para ganar protagonismo.
"Vuelvo a repetir: todos los que dijeron cosas van a silenciarse, porque así han actuado siempre, tengan cuidado también en el desempeño de la profesión, la noble profesión del periodismo, que no sirva también para destruir escenarios", declaró el mandatario.
Las ONG y activistas pidieron a los legisladores que llamaran a Barbosa a aclarar sus dichos.
Ese mismo día, la información que había divulgado Saskia Niño de Rivera, de que Tadeo había sido sustraído de un panteón de la Ciudad de México y llevado a Puebla quedó confirmada. Medios locales publicaron que el bebé portaba una pulsera hospitalaria con sus apellidos, lo que originó que sus padres lo identificaran: murió el miércoles 5 por problemas gastrointestinales y el jueves 6 fue sepultado en el panteón de lztapalapa.
Al acudir a su tumba, los padres encontraron que el cuerpo había sido robado. Horas después, los exámenes de ADN confirmaron el parentesco con el menor encontrado en el reclusorio poblano.
Barbosa calló, después de haber divulgado información errónea del niño, como que tenía seis días de nacido y que la herida en su abdomen correspondía a una cirugía de apéndice. Tampoco habló sobre los informes que filtró la Fiscalía General del Estado de Puebla a los medios, que concluían que el niño había muerto por asfixia y que estaba en una bolsa de cal.
Y aunque había repetido que ya tenían información avanzada sobre quiénes eran los padres del niño, dónde había nacido y hasta quién lo había atendido; igual calló cuando el fiscal Gilberto Higuera admitió que los padres del menor fueron identificados gracias a la información que Niño de Rivera divulgó en sus redes sociales.
En ese marco, el mandatario ordenó el cuarto relevo en la Secretaría de Seguridad del Estado en lo que va de su administración. Destituyó a Rogelio López Maya, quien es parte del equipo de Ardelio Vargas Fosado, excomisionado de la Policía Federal y cercano a Genaro García Luna, y nombró a Daniel Cruz Luna, quien era administrador de juzgados de la oralidad en Puebla.
No obstante, esto no fue considerado un cambio de fondo en la dependencia, pues López Maya regresó como secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que mantiene a Vargas Fosado a cargo de esa área. Además, el hijo de éste, Ardelio Vargas Carrillo, es director de la Policía Estatal.
Antes de López Maya, ocupó la SSP estatal el cluapaneco Raciel López, a quien Barbosa Huerta en su momento defendió pese a que era acusado de presuntos nexos con la delincuencia organizada.
Cuando Raciel dejó la SSP, el gobernador reconoció que "los chiapanecos" habían aprovechado su paso por Puebla para hacer negocios.
Reveló que los directivos, que él mismo nombró, construyeron un "pueblito" en San Miguel, donde se ofrecían celdas de privilegio, drogas, alcohol y prostitución.
Tras el caso del bebé Tadeo, Barbosa reconoció que la "destrucción del pueblito" que ordenó al salir Raciel López sólo generó cambios temporales, pero que después la corrupción volvió a imperar en ese reclusorio. Ofreció que ahora sí habrá cambios, con el nombramiento de María del Rayo Mendoza como nueva directora del penal, aunque en los mandos medios colocó a directivos que ya han sido acusados de corrupción.
La madrugada del miércoles 26, policías estatales difundieron que 60 elementos fueron comisionados para reforzar la seguridad en los alrededores del centro penitenciario. Sin embargo, al llegar al lugar les notificaron que se quedarían como custodios.
Los uniformados enviaron un escrito a los medios en el que advierten que no cuentan con el curso de preparación para ser custodios, por lo que temen que esto les genere faltas y responsabilidades.
Redes criminales contra la niñez
La académica Gabriela Belaunzarán, maestra en análisis espacial y geoinformática, que ha estudiado la desaparición forzada en México en los últimos 30 años, señala que el caso de Tadeo tiene que investigarse desde el contexto histórico criminal que ha rodeado a Puebla y que tiene que ver con las redes de trata y pedofilia que fueron documentadas por la periodista Lydia Cacho desde tiempos del gobernador Mario Marin Torres.
Doctor de ciencias sociales en la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, Belaunzarán expone que el caso de Tadeo no es aislado en la zona, pues no es casual que los estados de México y Puebla, que forman un corredor, están entre los primeros lugares en desaparición de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Esto se refleja en otras situaciones, como el caso del niño indígena Alexis Sánchez Cabanzos, de tres años, quien desapareció el 2 de diciembre último en la localidad de lzhuapa, municipio de Zoquitlán, pero no fue sino hasta el jueves 13, un mes y 11 días después, que la Comisión Estatal de Búsqueda subió el reporte del pequeño a la plataforma nacional. Y hasta el miércoles 26, 55 días después de su desaparición, la fiscalía emitió la Alerta Ámber sobre este pequeño.
La situación de Alexis y su familia fue visibilizado por el Colectivo Voz de los Desaparecidos, cuya representante, María Luisa Núñez Barajas, ha advertido que este niño sólo habla náhuatl y que su familia, de escasos recursos, ha tenido que tomar por su cuenta la búsqueda ante la apatía de las autoridades.
"Es inconcebible que ocurra esto en Puebla, y hasta podemos entender que el estado se está prestando a estas situaciones", expresa Belaunzarán.
La Comisión de Búsqueda acudió a Zoquitlán -uno de los municipios más marginadas de Puebla- el martes 18 para realizar labores de búsqueda, pero fue porque ese día otra niña indígena de 10 años se extravió y horas después fue encontrada, violada y asesinada.
La académica agrega que, en este contexto, si el crimen cometido contra Tadeo se investiga a fondo, podría revelar que no fue el primero. "Hay mucho que nos dice que esto es una de tantas cosas que pueden estar pesando".
Proceso revisó los reportes de personas desaparecidas en Puebla de diciembre a enero, lapso en el que se denunciaron 25 desapariciones de menores. El caso de Alexis fue el único en el que se emitió la Alerta Ámber.
